Ninguna persona que se plantee hacer un cambio para mejorar su calidad de vida está pensando en repetir lo que antes no se lo proporcionaba. Un cambio de sistema de salud para volver al pasado, o para “desmejorar” el actual, tampoco tiene sentido.

Cuando el recién 3 de noviembre se dio inicio al nuevo modelo de salud preventivo y predictivo con la conformación de 1.007 equipos médicos de atención primaria en los territorios (entre profesionales en enfermería, psicología y odontología, y que según se anunció serán 20 mil), el gobierno nacional también advirtió sobre la pésima situación del actual sistema.

Sus defensores, o más bien, los defensores de los intereses de las EPS reaccionaron de inmediato, con pronunciamientos para titulares efectistas como qué: “ocupamos el puesto 23 entre los mejores sistemas del mundo”, un lugar que, entre otras cosas, se defiende en la “cobertura” del sistema que, en el caso de Colombia, es del “98%”.

Sí. Cobertura y cifra entre comillas porque las numerosas barreras indican otra cosa de esa defendida cobertura, pues el acceso para consultas, cirugías, tratamientos de cáncer y más, hacen que esa “cobertura” sea irreal. Las quejas, reclamos, peticiones hechas a la Superintendencia de Salud y los miles de tutelas que se presentante ante la rama judicial para que se ampare el acceso a la salud, constituyen el testimonio y argumento realista de las numerosas trabas, profundas inequidades y sistemática negación del derecho fundamental a la salud a la que están sometidas las personas, especialmente, mujeres y niños y las más vulnerables en el actual sistema de salud.

Pero, si efectivamente esta cobertura fuese real, alguien nos debe explicar cómo un país con una cobertura del 98%, – y para mencionar un solo indicador como ejemplo-, tiene una mortalidad materno infantil superior a países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Uruguay cuyos niveles de cobertura son menores. Y, si nos comparamos con países con una cobertura similar a la de Colombia como Costa Rica (95%) o Cuba (100%), la vergüenza con este y otros indicadores es aún mayor.

La cobertura en Colombia es irreal y/o ineficaz. Si a esto se agrega la deuda que tienen las EPS con la red de hospitales y clínicas del país que supera los 22 billones de pesos, (equivalente al valor de una reforma tributaria), las instituciones prestadoras de salud cada día se ven más avocadas al cierre de servicios e incluso, a su propio cierre. Si a esto le sumamos la precariedad en la atención médica en los territorios de la ruralidad y las zonas más pobres en las ciudades capitales y los numerosos casos de corrupción en las empresas promotoras de salud, casi que inherentes a la intermediación financiera y administrativa del sistema, podemos afirmar con certeza que nos encontramos ante un sistema de salud fallido, fracasado, el cual requiere ser reestructurado de manera inmediata y acorde a la ley estatutaria de la salud.

No podemos continuar con reformitas que solo han servido para salvaguardar a los únicos beneficiarios del sistema de la ley 100:  las EPS, o como -por cuenta de esas reformitas- se hacen llamar ahora: EABS, y de esta manera persistamos en creer en una cobertura que solo es de carnet,  iniquidad y negación sistemática del derecho fundamental a la salud que tenemos todos.